DERECHO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

Brindamos asesoría legal integral a entidades del sector público y a empresas privadas, nacionales y extranjeras, en todas las etapas de contratación vinculadas a proyectos de infraestructura y servicios públicos. Nuestro servicio abarca la elaboración, revisión, negociación y seguimiento de contratos, asegurando su correcta ejecución y cumplimiento conforme al marco normativo aplicable.

Brindamos representación a nuestros clientes en controversias vinculadas a la Contratación Pública y al Derecho de la Infraestructura. Nuestra experiencia comprende la defensa en procedimientos ante Juntas de Resolución de Disputas, arbitrajes institucionales y ad hoc, así como en procesos judiciales derivados de arbitrajes, incluyendo recursos de anulación de laudo arbitral y la ejecución de laudos arbitrales.Asimismo, acompañamos a las empresas, como también a diversas entidad públicas, en la negociación y diseño de acuerdos conciliatorios y transaccionales con el objetivo de evitar o poner fin a sus diversas controversias suscitadas. En cada uno de estos casos realizamos un análisis profundo de gestión de riesgos y diseñamos la estrategia procesal adecuada desde la formulación de pretensiones hasta el desarrollo de la defensa. Sabemos que la presentación correcta de las controversias y pretensiones es esencial para garantizar resultados eficientes, por lo que trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para abordar cada disputa de forma estructurada, minimizando riesgos y maximizando la eficacia de los resultados.

Ofrecemos asesoría especializada en la aplicación de contratos estandarizados como los modelos FIDIC, NEC y otros, asegurando su correcto diseño, gestión, implementación y ejecución. 

Brindamos asesoría y patrocinio a empresas ante la ocurrencia de controversias de naturaleza administrativa, tanto frente a entidades públicas, como impugnaciones de buena pro, procesos administrativos sancionadores, entre otros, que se llevan a cabo en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y el Tribunal de Contrataciones del Estado, así como también las acciones contenciosas administrativas que de ellas se deriven ante el Poder Judicial.

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